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Nuestro experto jurídico, el abogado P. J. Mitchell, de Mitchelland West, LLC, habla sobre el proceso de destitución de Trump

«La traición, el soborno u otros delitos graves y faltas» son los motivos por los que se puede someter a un presidente de Estados Unidos a un proceso de destitución. La cámara baja, la Cámara de Representantes, tiene la «facultad constitucional exclusiva para iniciar la destitución», algo parecido a una acusación formal. Si la Cámara de Representantes aprueba la moción por mayoría simple, el presidente quedaría «sometido a juicio político» y la cámara alta, el Senado —que tiene «la facultad exclusiva de juzgar todos los casos de juicio político»— llevaría a cabo el juicio. Esta facultad constitucional de celebrar un juicio y votar determina si debe producirse una condena por los artículos de acusación y la consiguiente inhabilitación para el cargo. Para que haya condena, sesenta (60) senadores (lo que supone una mayoría de dos tercios) tendrían que votar «sí» a la condena. A partir de ahí, en cuanto a la inhabilitación, solo haría falta una mayoría simple, es decir, cincuenta y un (51) votos, para impedir que el presidente vuelva a ocupar el cargo jamás.

A lo largo de la historia, ha habido varios recursos judiciales contra los procesos de destitución. El más destacado fue el presentado por el juez Walter L. Nixon. Véase Walter L. Nixon contra Estados Unidos, 113 S. Ct. 732, (1993). Nixon alegó que la Regla XI del Senado violaba la cláusula del juicio político de la Constitución de los Estados Unidos, ya que fue una comisión del Senado, y no el pleno del Senado, la que tomó declaración y recopiló pruebas durante el proceso. De acuerdo con la cláusula del juicio político, el Senado tiene la facultad de «juzgar» todos los procesos de destitución. En esencia, el juez Nixon argumentó que debía ser el Senado al completo el que reuniera y examinara las pruebas, y no una comisión selecta del Senado. El Tribunal Supremo dictaminó que el Senado tenía la facultad exclusiva de elegir los procedimientos de juicio político de acuerdo con el artículo 1, sección 3, cláusula 6, de la Constitución de los Estados Unidos, basándose en que la cláusula del juicio político era una cuestión no justiciable.

Según los archivos del Senado de Estados Unidos, en 1876 el Senado debatió si tenía competencia para tramitar cinco (5) artículos de acusación contra el secretario de Guerra, William W. Belknap, después de que este hubiera dimitido de su cargo en el Gobierno. Los artículos alegaban, entre otras cosas, que Belknap había «incumplido de forma delictiva su deber como secretario de Guerra y había prostituido vilmente su alto cargo para satisfacer su ansia de enriquecimiento personal». El Senado convocó el juicio tras acordar que conservaba la competencia para juzgar a antiguos cargos públicos. En concreto, durante el juicio, los fiscales de la Cámara de Representantes argumentaron que no se debía permitir que Belknap eludiera la justicia simplemente dimitiendo de su cargo. Finalmente, Belknap fue absuelto, ya que no se alcanzó el umbral necesario de dos tercios de los votos.

Hasta la fecha, Donald J. Trump, el 45.º presidente de Estados Unidos, es el único presidente de la historia que ha sido sometido a un juicio político en dos ocasiones. Al igual que en su primer juicio político, es poco probable que Trump sea declarado culpable, ya que se necesitaría una mayoría cualificada para ello. Además, una condena sería una condición previa para que se votara su inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro. A juzgar por los senadores que van a votar, parece que Donald J. Trump volverá a ser absuelto.

En definitiva, los seguidores de Trump sostienen que él puso a «América primero» a través de la política económica, la política comercial y una tasa de desempleo sin precedentes, utilizando todas las herramientas a su alcance. Trump se dio cuenta de que la clase política se había aprovechado de la clase trabajadora y la había utilizado en su propio beneficio. Los puestos de trabajo de la clase trabajadora se habían trasladado a otros países como consecuencia de las políticas globalistas que comenzaron con George H. W. Bush y continuaron en los gobiernos posteriores. Trump entendió que se había utilizado a la clase trabajadora para conseguir votos y para que mantuviera económicamente al país. La clase trabajadora ha estado trabajando cada día para tener un techo bajo el que vivir y comida en la mesa, con la esperanza de que sus hijos tuvieran una vida mejor que la suya. La clase trabajadora confió en que sus líderes elegidos harían lo correcto y les fallaron. Los demócratas deberían replantearse esta estrategia política de este segundo juicio político, ya que seguirá dando alas a Trump y al Partido Republicano.